Vuelta de vacaciones caliente

El Gobierno ha dado por concluida la breve tregua estival consciente de que tiene por delante duros meses de negociaciones, con los presupuestos del próximo año como principal batalla, la sombra de su primera huelga general y la incertidumbre de las elecciones catalanas de otoño.

Para diseñar su estrategia, Zapatero presidió el jueves de manera excepcional la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, una reunión con los ministros responsables de Economía, Política Territorial, Trabajo, Industria, Medio Ambiente, y Ciencia e Innovación tras la que quedó claro el fuerte recorte que sufrirán los Presupuestos Generales del Estado de 2011.

Principales reformas económicas

El trabajo de conseguir apoyos para este proyecto será arduo porque, de momento, el Ejecutivo no cuenta con ningún voto de la oposición, aunque ha admitido que está en conversaciones con el PNV, el partido que, junto a Coalición Canaria, permitió que salieran adelante las cuentas de este año.

Pretenden un cambio profundo de las políticas activas de empleo

No se esperan sorpresas con la reforma laboral, que previsiblemente quedará aprobada el 9 de septiembre tras la última votación del Congreso, pero ella es el origen de la huelga general que ultiman los sindicatos para el 29 de septiembre.

Ante el paro, el Gobierno se ha limitado a manifestar su respeto y a confiar en que no suponga una quiebra definitiva del diálogo social, ya que su objetivo es negociar con empresarios y sindicatos un cambio profundo de las políticas activas de empleo.

Otra de las reformas de calado que tiene entre manos el Ejecutivo es la de las pensiones, un proyecto que quiere presentar antes de fin de año y en el que aspira a retrasar la edad de jubilación a los 67 años y aumentar los quince años del periodo para el cálculo de las pensiones.

Competencias para las Comunidades

Junto a la gestión de la crisis y las reformas y ajustes comprometidos, una importante patata caliente de este otoño será rescatar el Estatuto de Cataluña tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional, en plena precampaña de las elecciones a la Generalitat.

Rescatarán el Estatut en plena precampaña a la Generalitat

Ya ha avanzado el Gobierno que su objetivo es reformar la ley orgánica del Poder Judicial para adecuar los Consejos de Justicia autonómicos a la sentencia, y estudiar con la Generalitat la transferencia de nuevas competencias.

El Gobierno Vasco también está pendiente del traspaso de las políticas activas de empleo, una de las posibles monedas de cambio en la negociación de los presupuestos con el PNV.

Negociación con la oposición

Los socialistas también quieren negociar con el PP en el inicio del nuevo curso político la largamente postergada renovación del Tribunal Constitucional y, de forma paralela, han de pactar la designación del nuevo Defensor del Pueblo, ya que Enrique Múgica cesó el pasado 30 de junio.

Política antiterrorista

No se esperan alteraciones en la política antiterrorista mientras se ultiman los cambios legislativos que permitirán por primera vez expulsar de sus cargos a personas elegidas en listas de partidos ilegalizados con posterioridad.

Se podrá expulsar de sus cargos a personas de partidos ilegalizados

Esta reforma debería estar lista antes de las elecciones municipales y autonómicas previstas para mayo de 2011, unos comicios que, previsiblemente, contaminará el debate político ya este otoño.

Tras el último atentado en Afganistán, Defensa se centrará en revisar la estrategia en el país en el marco de la OTAN, que celebrará su próximo cumbre en noviembre.

Sanidad contra el tabaco

En el área sanitaria, con la ministra Trinidad Jiménez inmersa en las primaras para optar a ser la candidata socialista a la Comunidad de Madrid, el Congreso continuará con la tramitación de la ley que prohibirá el consumo de tabaco en todos los lugares públicos cerrados, una norma de consenso en el Parlamento pero que ha generado un importante oposición en la patronal de la hostelería.

También está previsto aprobar en septiembre la ley de seguridad alimentaria y nutrición, que limitará la venta de productos que no cumplan unos determinados criterios saludables en los colegios; y la ley de salud pública, que definirá la carta de derechos y deberes de los ciudadanos en el ámbito sanitario.

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