Las víctimas de terrorismo recibirán 250.000 euros por familiar fallecido

La futura Ley Integral de Víctimas del Terrorismo, pactada por todos los grupos parlamentarios, recoge entre otras novedades una nueva tabla de indemnizaciones con efectos retroactivos hasta 1960, el reconocimiento de la figura del amenazado y el acceso preferente al empleo público y a la vivienda.

La proposición de ley, que previsiblemente se registrará el próximo lunes con la firma de todos los grupos, aúna en un único texto toda la normativa dispersa en materia de reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo.

Las víctimas que recibieran indemnizaciones menores podrán reclamar la diferencia
Establece un baremo fijo para las indemnizaciones para el fallecimiento -250.000 euros-, gran invalidez -500.000- e incapacidad permanente absoluta -180.000-, a los que se sumarán coeficientes correctores en función de las cargas familiares de la persona afectada. Todas las indemnizaciones estarán exentas del pago de impuestos.

El Estado se hará cargo también del pago extraordinario de la responsabilidad civil fijada en sentencia, con un límite de 500.000 euros en caso de fallecimiento y de 750.000 euros para la gran invalidez.

Atentados hasta 1960

Además, la ley tendrá efectos retroactivos hasta el 1 de enero de 1960, de forma que aquellas víctimas que hayan recibido unas indemnizaciones inferiores a las contempladas ahora, podrán solicitar en el plazo de un año el pago de la diferencia.

La norma ampara a las víctimas de los atentados cometidos en territorio español, así como a los españoles afectados por acciones terroristas cometidas en el extranjero. Además, la ley ordena que sea la Administración General del Estado la que pague los gastos de traslado, sepelio e inhumación de los fallecidos en atentado, y se podrá conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a las víctimas extranjeras.

Se protegerá el tratamiento de la imagen de las víctimas en los medios de comunicación
Por primera vez, el Estado reconoce la figura de los amenazados, personas que acrediten sufrir "amenazas o coacciones directas y reiteradas" por parte de organizaciones terroristas y que "serán objeto de especial atención" por parte de las administraciones públicas.

El texto de la futura ley consta de 63 artículos y cuatro disposiciones adicionales, que unifican y amplían los derechos de las víctimas del terrorismo, desde la asistencia jurídica gratuita, la atención médica y psicológica y las ayudas al estudio hasta el acceso preferente a la vivienda y al empleo.

En este sentido, los víctimas del terrorismo que tuviesen la condición de funcionarios tendrá derecho a la reducción o la reordenación de su tiempo de trabajo a la movilidad geográfica de centro de trabajo.

La labor de los medios de comunicación

La proposición de ley reserva un capítulo completo a la labor informativa de los medios de comunicación y, en especial, a la protección de la imagen de las víctimas del terrorismo, con "especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones" sobre atentados.

Se prohíbe la publicidad que utilice la imagen de la víctimas con carácter despreciativo, vejatorio o sensacionalista o con ánimo de lucro y se establecen mecanismos de control y "autorregulación" para asegurar un tratamiento de las víctimas "conforme con los principios y valores constitucionales".

El 27 de junio se homenajeará a las víctimas, en recuerdo del asesinato de la niña Begoña Urroz
En esta misma línea y en defensa del honor y la dignidad de las víctimas, se establece la prohibición de que en lugares públicos existan monumentos, placas u otras menciones de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas.

Se declara el 27 de junio de cada año, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, coincidiendo con la fecha del primer asesinato atribuido a ETA, el de la niña de 18 meses Begoña Urroz, en un atentado en la estación donostiarra de Amara, en 1960. La primera jornada de homenaje será precisamente este próximo domingo con una sesión plenaria del Congreso de los Diputados a la que asistirán los Reyes.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha reconocido el trabajo de todos los grupos parlamentarios que ha permitido pactar por unanimidad una proposición que está basada en "la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad".

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