Suiza aprueba una ley para confiscar el dinero ilícito depositado por dictadores

El Parlamento suizo aprobó este lunes crear un nuevo marco jurídico para que las autoridades puedan confiscar los fondos ilícitos de dictadores que proceden de países "frágiles" y después restituirlos al gobierno legítimo de dicha nación y no a la familia del expoliador.

Consideran un "Estado frágil" aquél que no es capaz de hacer lo necesario para recuperar el dinero.

La potestad para desbloquear los fondos corresponde al Consejo Federal (gobierno) suizo

Por 114 votos a 49, los diputados aprobaron la nueva ley, cuyo primer beneficiario será Haití, que recibirá los 5,7 millones de dólares que duermen en arcas suizas tras ser confiscados a la familia Duvalier.

Los Duvalier están acusados por Puerto Príncipe (capital de Haití) de haber apartado más de 100 millones de dólares camuflados en obras sociales antes de la caída del dictador en 1986.

El pasado 3 de febrero, el Tribunal Federal helvético (TF) decidió rechazar una resolución previa de un tribunal penal, que permitía el envío a las autoridades haitianas de los 5,7 millones de dólares bloqueados en cuentas suizas que pertenecían al clan Duvalier. El TF argumentó que los hechos habían prescrito y que, por tanto, asumían como válida la reivindicación de la familia Duvalier de que se les devolviese el dinero.

No obstante, la potestad para desbloquear los fondos corresponde al Consejo Federal (gobierno) suizo, quien poco después de conocerse el veredicto decidió mantenerlos congelados, al tiempo que anunciaba una reforma legislativa para evitar en el futuro casos similares.

Colaboración entre países

La nueva ley sólo se aplicará en caso de que no haya colaboración judicial entre Suiza y el país de origen de los fondos ilícitos, y siempre y cuando se El Consejo Federal tendrá un tiempo máximo de diez años para comenzar el proceso de restitución
determine que se trata de "un Estado frágil".El Consejo Federal tendrá un tiempo máximo de diez años para comenzar el proceso de restitución

En una primera etapa, el gobierno podrá bloquear el dinero, una decisión que podrá ser apelada ante el Tribunal Administrativo Federal (TAF), pero que no tendrá efecto suspensivo.

El Consejo Federal tendrá un tiempo máximo de diez años para comenzar el proceso de restitución, tiempo durante el cual se podría llegar a una solución "transaccional".

Al mismo tiempo, el TAF deberá pronunciarse sobre la confiscación de los bienes y habrá presunción de carácter ilícito cuando el enriquecimiento del dueño del dinero sea "exorbitante" o la corrupción "notoria".

Si se decide finalmente por la restitución, ésta se hará de manera que se asegure que el dinero será invertido en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del país en cuestión, en reforzar el Estado de Derecho y en luchar contra la impunidad criminal.

Una vez finalizado el proceso, la Confederación Helvética o los cantones podrán recibir un 2,5% del valor confiscado para cubrir los gastos ocasionados por el caso. Por 108 a 50 la cámara baja rechazó que se investigue y se persiga a los intermediarios financieros de los bancos que han gestionado el dinero ilícito restituido.

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