Las pensiones no eran en agosto una prioridad inminente para el Gobierno español, aunque sí un eje "fundamental" para el pretendido vuelco económico que tiene como objetivo paliar los efectos de la crisis. Hoy, sólo mes y medio después de aquella reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el delicado panorama social y político derivado, entre otras cosas, de una huelga general, el fracaso del diálogo con los sindicatos y la reciente reforma laboral, pone en la picota la propuesta que el pasado mes de enero aprobó el Consejo de Ministros.
La Comisión no permanente del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados debate estos días el asunto de la reforma de las pensiones para elaborar un informe de recomendaciones, una opinión con la que Zapatero quiere contar "en todo caso" y con la que busca el consenso general. El punto caliente es el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, pero no parece, según los grupos, que vaya a haber acuerdo de momento, lo que pone en duda, tal y como se pretende, que el proyecto de ley llegue a la Cámara Baja antes de que termine el año.
¿Por qué se quieren reformar las pensiones? La población española está sufriendo cambios. La esperanza de vida crece y, por tanto, el número de pensionistas sube. Por otro lado, al baby boom de los 60 y que duró unos 20 años, le siguió una bajada espectacular de nacimientos, que duró otras dos décadas: los nacidos entre 1980 y 2000 son los que pagarán, con sus cotizaciones, las pensiones de la generación anterior. Los jóvenes, además, consiguen un trabajo cada vez más tarde, aunque el número de afiliados a la Seguridad Social aumenta.
¿Cuántos pensionistas hay? De aquí a 30 años el Gobierno calcula que se pagarán casi el doble de pensiones: de 8,6 a 15,3 millones, y argumenta que es inviable. Y eso que asume que se abusa menos de las prejubilaciones, que se conceden menos pensiones de incapacidad, que las carreras de cotización son más largas y que se producen menos despidos al final de la vida laboral. De hecho, estos últimos años suelen ser, normalmente, los mejor pagados.
Por eso, el Ejecutivo quiere, entre otras cosas, aumentar la base de cálculo de las pensiones contributivas de 15 a 20 años y retrasar la edad de jubilación, de forma progresiva desde 2013 y hasta 2025, de los 65 años actuales hasta los 67. El método será incrementar cada año la edad en dos meses: es decir, en 2013 se jubilarán aquellos que tengan 65 años y dos meses, y así sucesivamente. No obstante, según algunos medios como El Correo, el Gobierno estaría pensando, a día de hoy, en echarse atrás y plantear alternativas como limitar las jubilaciones anticipadas o incentivar la permanencia en el mercado laboral, por ejemplo.
¿Qué hace falta para cobrar una pensión? El mínimo de cotización que requiere una persona –que tenga cumplidos los 65 años- para cobrar una pensión contributiva por jubilación es de 15 años. De ellos, al menos dos deben estar comprendidos en los últimos 15 inmediatamente anteriores a la fecha de dicha jubilación. Pero si quiere cobrar el equivalente al sueldo íntegro se tiene que haber cotizado 35 años o más. Si se cotiza durante menos de 15 años, la pensión que se percibe es no contributiva. Por otro lado, para calcular la base reguladora de la pensión, se toman en cuenta las bases de cotización, mes a mes, de los 15 años anteriores a la jubilación, sin incluir las pagas extra. La cuantía será más alta en función del sueldo.
¿Qué pasa en el resto de Europa? Muchos países en Europa están llevando a cabo, como España, ajustes en el apartado de las pensiones. Por ejemplo, Francia está tramitando que la edad de jubilación pase de los 60 a los 62 años, lo que le está costando numerosas protestas contra el Gobierno en la calle; Grecia ha aumentado el número de años de contribución de 35-37 a 40; el Reino Unido quiere limitar el gasto en pensiones y aumentar la edad de jubilación a los 66 años; a Rumanía, además, el FMI le ha exigido una reducción del 15% en esta partida.
¿Cuáles son los ejes de la reforma en España? Un paquete de medidas que, según el Ejecutivo, busca a medio y largo plazo la sostenibilidad del sistema con un gasto social asumible. Y todo para los próximos 30 años. Además de la edad de jubilación, están sobre la mesa el aumento a 20 años del periodo de cálculo de las pensiones contributivas, mejorar las prestaciones de incapacidad, disminuir los costes burocráticos, fomentar la igualdad y la protección de colectivos especiales y de la viudedad y la orfandad, impulsar los planes de pensiones privados como complemento al sistema público, etc.
¿Cuáles son los principales escollos? El Gobierno decidió en mayo, de forma unilateral, que el año que viene se congelarán las pensiones por primera vez en 25 años. Quedarán fuera las no contributivas y las mínimas y, previsiblemente, la Seguridad Social se ahorrará 1.500 millones de euros. Esto no ha gustado nada a sindicatos y oposición: el PP ya ha anunciado que todos los partidos van a presentar una enmienda conjunta a los PGE 2011 por este motivo.
Por otro lado, la transferencia de competencias a Euskadi de las políticas activas de empleo acordada en septiembre supone, para algunos, una "ruptura de la caja única" de la Seguridad Social, que es donde van a parar todas las cuotas mensuales que pagan las empresas y trabajadores. Con el dinero que allí se guarda, se paga -aplicando un principio de solidaridad entre comunidades autónomas- el subsidio de desempleo y las pensiones públicas.
Eso en cuanto a factores externos; sobre la propuesta del Gobierno, el retraso en la edad de jubilación es el principal problema. Según IU, "el peor momento y en el peor ambiente para llegar a un acuerdo"; CC OO ya ha dicho que no aceptarán esta medida "se pongan como se pongan". El grupo popular, por su parte, lo considera "un elemento contraproducente"; de hecho, acusa al Gobierno de estar extrayendo "cantidades ingentes" de la Seguridad Social "para financiar otros objetivos", incumpliendo así uno de los principios del Pacto de Toledo.
¿Cuáles son los plazos? El Gobierno quiere que antes de fin de año el proyecto de ley se debata en el Congreso. Antes, en cualquier caso, quiere tener el informe de recomendaciones de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo en el Congreso, que se redactará si se llega a un acuerdo mayoritario (PSOE y CiU-PNV; o con el PP); el grupo que no esté de acuerdo podrá emitir un voto particular. El Ejecutivo hablará después con sindicatos y con la patronal y, si lo cree conveniente, recopiladas todas las opiniones, hará los cambios pertinentes en el texto.
Tanto la vicepresidenta De la Vega como el ministro de Fomento, José Blanco, han expresado esta semana la voluntad del Ejecutivo de "dialogar" con los sindicatos para alcanzar un pacto, una responsabilidad que recaerá sobre el sustituto de Corbacho en el ministerio de Trabajo.
En el debate del Congreso posterior, se discutirán las enmiendas de todos los grupos y se votarán; después, si sale adelante, el proyecto de ley pasará al Senado, que debe ratificar o no su aprobación. El papel previo de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, firmado en 1995 con el objetivo de supervisar la estabilidad y las reformas en el sistema de la Seguridad Social, sobre todo en las pensiones, es fundamental, ya que supone, si da su visto bueno, un aval político de consenso a las propuestas del Gobierno de turno.
¿Y la entrada en vigor? Si llega a aprobarse por las Cortes, sería inmediata pero no afectaría a los pensionistas actuales y "sólo moderadamente" a los trabajadores más veteranos. Estamos hablando de 2011 y, en cualquier caso, según los deseos del Gobierno, de esta legislatura, que termina en 2012, año en el que se celebrarán elecciones generales.
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