El dueño del negocio: "Esto es un atropello, una dictadura asquerosa"

"Mi negocio no me lo van a cerrar por las buenas. Tendrá que venir el Ejército". Así de contundente se mostraba José Eugenio Arias-Camisón, propietario del 'Asador de Guadalmina' de Marbella (Málaga) pocos minutos antes de recibir la notificación de la Junta de Andalucía que le obliga a cerrar provisionalmente su local por incumplir la Ley Antitabaco. Desde el comienzo de la entrada en vigor de la nueva normativa, el pasado mes de enero, el asador se declaró en rebeldía y en él se podían ver carteles anunciando que se permitía fumar en su interior.
"No soy ningún cobarde. Ningún papelito me va a cerrar el negocio por mis santos cojones", ha asegurado Arias-Camisón en declaraciones a 20minutos.es cuando estaba a punto de recibir la notificación de cierre de su negocio."No se van a salir con la suya, no van a entrar en mi local, conmigo no van a poder", ha subrayado el dueño del establecimiento.

José Eugenio Arias ha estado durante toda esta semana recorriendo España para mantener reuniones y recabar apoyos de otros empresarios contra la Ley que prohíbe fumar en el interior de espacios públicos. Hasta el momento ya ha recogido más de 100.000 firmas, contra la norma y ha creado una asociación bajo el nombre 'Reforma (de la Ley Antitabaco) o Ruina (de la Hostelería)', tal y como él mismo destaca.

Tienen dos caminos: o me matan o me meten en la cárcel
"Estoy muy jodido y cabreado con todo este asunto", explica Arias con indignación. "Esto es un atropello, una dictadura asquerosa que no había ni en los tiempos de Franco", opina, al tiempo que califica al Gobierno de "dictatorial, rojo, marxista y terrorista". "No pueden hacer lo que quieren, son unos ladrones", concluye. Su resistencia ante la normativa parece infinita: "tienen dos caminos: o me matan o me meten en la cárcel", desafía el propietario.

La Junta de Andalucía notificó hace unos días una propuesta de sanción de 145.000 euros para este establecimiento por falta muy grave al incumplir reiteradamente un requerimiento de la autoridad sanitaria, documento en el que también se le advertía del posible cierre del negocio. El despacho de abogados que asesora al dueño del restaurante considera "manifiestamente infundada en Derecho" la intención de la administración autonómica de sancionar al local, contra la que existe un plazo de quince días para presentar alegaciones.

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